• En la clausura de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad – CAII 2019

El efecto más pernicioso de la corrupción y la inconducta funcional es la desconfianza de la población hacia sus autoridades, lo que es tremendamente peligroso para la estabilidad de un estado constitucional de derecho, aseveró el contralor general, Nelson Shack, al clausurar la Conferencia Anual Internacional por la Integridad – CAII 2019.

“El efecto más pernicioso de la corrupción sobre nuestra nación se da en la esfera política, en esa desconfianza que se ha generado en la ciudadanía en relación a sus autoridades. La gente ya no confía y está cansada”, enfatizó Shack Yalta.

Asimismo, precisó que la corrupción en los países de América Latina no son actos aislados, sino que los sistemas públicos no han logrado inocularse de una vacuna que les permita evitar ser contagiados de esta lacra social, capaz de penetrar hasta el vértice del poder político.

El Contralor indicó que los efectos devastadores de la corrupción y la inconducta funcional se dan también en la  vida social y económica de una nación, afectando la capacidad potencial de crecimiento de su economía.  

Indicó que aunque se estiman que son casi 17 mil millones de soles los que se pierden por la corrupción en el presupuesto peruano, en el 2020 la Contraloría creará -con ayuda de la academia- una metodología estandarizada para calcular el daño a nivel patrimonial y extra patrimonial.

Conclusiones
Durante los dos días del evento, la CAII 2019 tuvo 2,000 participantes, cerca de 50 expertos nacionales y extranjeros especializados en el uso de las tecnologías de la información para detectar y combatir la corrupción, y se hicieron presentes 20 delegaciones internacionales. En este evento internacional se llegaron a las siguientes conclusiones:

•    Invertir en sistemas de información que ayuden a identificar, medir y detectar los casos de corrupción es un deber del Estado frente a los estallidos sociales en Latinoamericana en los que la ciudadanía demanda un sistema político íntegro y mandatarios más honestos.

•    El análisis masivo de datos es una herramienta que transforma el trabajo de auditoría por lo que se  incrementa la capacidad de las Entidades de Control para detectar riesgos de corrupción o inconducta funcional; y, por otro lado, facilita el control social por parte de los ciudadanos y ciudadanas.

•    El enfoque preventivo de la lucha contra la corrupción debe tener entre sus pilares la formación de una cultura de integridad y el fomento de los valores, que permita que la transparencia y la rendición de cuentas sean inherentes a nuestras sociedades.

•    El fin de los sistemas de detección no es sólo la sanción. El análisis de datos permite identificar riesgos que ayudan a implementar controles con miras a mejorar la gestión de las organizaciones y la entrega de servicios públicos dignos.

•    La automatización de los sistemas de gestión documental también ayuda en la prevención de la corrupción. El blockchain (estructura de datos agrupados en bloques) y la automatización serían de vital importancia para América Latina, por sus atribuciones de proteger la información y documentos de la manipulación humana y la corrupción de funcionarios.

•    Los sistemas de detección de la corrupción más sofisticados requieren del análisis compartido de datos, pues contribuyen a optimizar el desempeño de los modelos de analítica predictiva a través del cruce organizado de información.

•    Un sistema anticorrupción debe considerar la participación ciudadana que aporte, evalúe y decida si las políticas públicas están resolviendo los problemas de la administración.

En la Conferencia Anual Internacional por la Integridad – CAII 2019-  las intervenciones se centraron en el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia para optimizar el ejercicio del control gubernamental y detectar oportunamente los indicios de corrupción.

Convenio con el Minedu
En el marco de la CAII 2019, el contralor general, Nelson Shack Yalta, y la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional orientado a desarrollar en los colegios actividades para fortalecer el ejercicio ciudadano, el compromiso social y la lucha contra la corrupción en el marco del programa “Auditores Juveniles”.

El objetivo del convenio es fomentar en los estudiantes y la comunidad educativa el desarrollo de una cultura de participación ciudadana, integridad y de lucha contra la corrupción en los espacios en los cuales se desenvuelven. Además, sensibilizar a los docentes en el compromiso de desarrollar proyectos innovadores sobre “Veedurías Escolares” para el cumplimiento de los deberes y el respeto a los derechos ciudadanos.