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N° 412-2020-CG-GCOC: Contraloría determinará presuntas responsabilidades e irregularidades cometidas en emergencia sanitaria COVID-19


El Contralor General Nelson Shack, informó que durante el segundo semestre de este año se iniciará el control posterior para identificar las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales de funcionarios públicos, que habrían cometido irregularidades durante la ejecución de los recursos públicos asignados a nivel nacional para atender la emergencia sanitaria COVID-19

Así lo anunció ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 del Congreso de la República, en la que manifestó que dicho control se fundamentará en los más de 7 mil informes de control emitidos como resultado de la estrategia integral a la emergencia sanitaria que se aplicó en todo el país.

Señaló que antes de pasar a dicha etapa, se verificará si las autoridades atendieron y activaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos o situaciones adversas identificados desde el mes de marzo, plasmados en los informes de control simultáneo disponibles en el portal web Monitor de Control y Transparencia COVID-19. El control posterior implicará el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios, a nivel individual, que motivará posibles denuncias ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Resultados en Áncash
La Contraloría General emitió 394 informes de control simultáneo como resultado de las intervenciones realizadas en 392 entidades públicas (municipalidades, gobierno regional, Policía Nacional del Perú, tres hospitales, entre otras instituciones), ubicadas en las 20 provincias del departamento de Áncash.

Los informes permitirán auditorías de cumplimiento en los hospitales Hospital “Víctor Ramos Guardia” (Huaraz) y “Eleazar Guzmán Barrón” (Nuevo Chimbote), y del establecimiento penal “Víctor Pérez Liendo” (Huaraz), en donde se han detectado omisiones y hechos en materia de infraestructura, servicio médico y medidas de prevención, los mismos que han sido informados por la Contraloría. 

En el caso de la Dirección Regional de Salud de Áncash, se realizará un servicio de control específico por la compra de equipos de protección personal sin especificaciones técnicas del área usuaria. 

Por otro lado, el contralor recordó que ya se alcanzó al Ministerio Público la relación de los 4,200 funcionarios públicos que se habrían beneficiado indebidamente con canastas básicas familiares, según los reportes alcanzados por los respectivos municipios. Para el caso de Áncash, son 33 funcionarios públicos que perciben más de S/ 3 000.00 mensuales, quienes se habrían beneficiado con una ayuda destinada a poblaciones vulnerables, indicó.

Resultados en San Martín
En otro momento, el contralor Shack informó sobre los resultados de control en los hospitales de Tocache, Tarapoto y Moyobamba, ubicados en San Martín, donde se identificaron riesgos en infraestructura, servicios de salud y medidas de prevención que deben ser superados de manera urgente por las autoridades ante el incremento de casos COVID-19 en la región.

Se evidenció que el Hospital II de Tocache no cuenta con recursos humanos suficientes para atender a pacientes con sospecha o infección por COVID-19; insuficiente stock de materiales para protección del personal asistencial; equipos biomédicos, electromecánicos y eléctricos se encuentran inoperativos. Mientras que el Hospital II Moyobamba no cuenta con equipamiento biomédico mínimo ni insumos suficientes para el funcionamiento de los ventiladores mecánicos. 

También dio a conocer que el Hospital II-2 de Tarapoto no cuenta con un adecuado abastecimiento de oxígeno medicinal para el tratamiento de pacientes COVID-19. Durante las supervisiones de control, se observó que la planta instalada en dicho nosocomio para la generación de oxígeno no cuenta con el documento contractual que permita verificar las condiciones pactadas, y la instalación incumple las normas técnicas vigentes.

El contralor Shack anunció la realización de control posterior a fin de identificar, de ser el caso, presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales por irregularidades en la ejecución de recursos públicos, que durante la emergencia sanitaria ante el COVID-19, viene realizando la Contraloría General de la República en los referidos hospitales.

Otras supervisiones 
Con relación a la entrega de canastas básicas familiares, Shack Yalta refirió que se realizaron visitas de control en 77 municipalidades de las diez provincias de San Martín, a fin de supervisar la adquisición, almacenamiento y distribución de canastas de víveres para la población vulnerable afectada por el aislamiento social. Reveló que a través de la plataforma de “Monitor de control y transparencia COVID-19”, se detectó que nueve funcionarios y servidores públicos en la región recibieron canastas pese a ganar más de S/ 3,000 mensuales.

Por otro lado, indicó que en el Informe de Visita de Control N°5421-2020-CG/GRSM-SVC, se detallan seis hechos adversos que podrían afectar los procesos de prevención de contagios del personal que labora en la comisaría de Pacayzapa (Lamas). En este lugar se identificó que los efectivos policiales no cuentan con mascarillas tipo N95 o similares, exponiendo su salud a un alto riesgo.

Mientras que en tres servicios de control realizados al establecimiento penitenciario de Moyobamba se identificaron 12 hechos adversos respectos a los procesos de implementación de medidas de bioseguridad, gestión sanitaria, así como gestión y manejo de residuos sólidos para la prevención y contención del COVID-19.

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Lima, 07 de julio de 2020
Gerencia de Comunicación Corporativa