IMPEDIMENTO PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA
POR HABER SIDO SANCIONADO POR LA CGR

Si eres funcionario o servidor público, la Contraloría General de la República te recuerda que:

  • Son de cumplimiento obligatorio y ejecutividad inmediata para los funcionarios o servidores públicos sancionados, las sanciones impuestas por la Contraloría, con inhabilitación para el ejercicio de la función pública o suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, cuando queden firmes 1 o causen estado 2.
  • La sanción de inhabilitación de un funcionario o servidor público supone la consecuente extinción del vínculo jurídico que soporta el desempeño del ejercicio de la función pública que estuviera prestando a la fecha en que se hace efectiva la sanción, asimismo comprende el impedimento de asumir un nuevo mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público, o celebrar contratos administrativos de servicios (CAS) o para ejercer la función pública bajo cualquier modalidad en las entidades del Estado.
  • La suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, comprende la separación del cargo y la suspensión del goce de remuneraciones, compensaciones o beneficios de cualquier índole, aplicándose sobre la función o actividad de cualquier naturaleza que pueda ejercerse en la entidad, cualquiera que ésta fuese, a la fecha en que se hace efectiva la sanción.
  • Incumplir la prohibición expresa de ejercer las funciones de cargo o comisión, luego de haber concluido el periodo para el cual se le designó, por haber cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida, constituye infracción muy grave; siendo la sanción aplicable la inhabilitación del ejercicio de la función pública por un período entre dos (2) hasta cuatro (4) años.
  • Incumplir el mandato de inhabilitación para el ejercicio de la función pública o de suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, diferente al dictado en el marco de los procesos sancionadores por responsabilidad administrativa funcional derivada de los Informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, pese a tener conocimiento de la misma, acarrea la sanción con inhabilitación del ejercicio de la función pública por un período entre tres (3) hasta cinco (5) años, al constituir la conducta en infracción muy grave.
  • No debes autorizar, disponer o aprobar la contratación de personas impedidas, incapacitadas o inhabilitadas para contratar con el Estado, en adquisiciones de bienes, servicio u obras, administración o disposición de todo tipo de bienes, y/o, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, generando perjuicio para el Estado.
  • El Titular de tu institución está obligado bajo responsabilidad, respecto a los funcionarios sancionados de su entidad, a implementar las medidas inmediatas en el ámbito de su competencia, las cuales comprenden adoptar las acciones de personal que correspondan, incluyendo el cese, destitución, despido o extinción del contrato, e implementar las medidas que aseguren la entrega del cargo y la continuidad de las funciones de la entidad.
  • El Titular de una entidad tiene la obligación, respecto a funcionarios o servidores que tuvieran una sanción administrativa vigente que haya sido impuesta por el ejercicio de la función pública en otra entidad del Estado, a implementar las medidas inmediatas en el ámbito de su competencia, las cuales comprenden adoptar las acciones de personal que correspondan, como el cese, destitución, despido o extinción del contrato.
  • Si incumples las sanciones y medidas contenidas en las resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República, estas cometiendo una infracción muy grave sujeta a la potestad sancionadora por infracciones al ejercicio del control, en el marco del Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS).
  • Puedes tomar conocimiento de todas las sanciones por responsabilidad administrativa funcional que hubieran quedado firmes o causado estado en el link: http://www.pcm.gob.pe/rnsdd-servir (Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - SERVIR).
  • El cese, destitución, despido o extinción del contrato, así como las medidas para asegurar la entrega de cargo y la continuidad de las funciones de la entidad deben ser dispuestas por las entidades en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde que se le comunica la sanción, debiendo culminar con la implementación de dichas medidas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, bajo responsabilidad del Titular. La disposición e implementación de las referidas medidas, no condicionan la eficacia de la sanción. Estas medidas en ningún caso pueden comprender una evaluación sobre la procedencia o improcedencia de la aplicación de la sanción impuesta por la Contraloría

Ejemplos

  • Durante el desarrollo de un proceso de adquisición de bienes, en la etapa de evaluación de propuestas, la Contraloría notifica a la Entidad que uno de los miembros del comité especial ha sido inhabilitado por la comisión de una falta grave cuya responsabilidad derivó de un informe de control. En ese caso, la entidad debe tomar las medidas inmediatas en el ámbito de su competencia, las cuales comprenden adoptar las acciones de personal que correspondan, y en principio evitar que suscriba el acta de otorgamiento de la buena pro.
  • La Entidad convocó a un proceso de selección de personal para ejercer un cargo de dirección, verificando que el ganador se encuentra en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido con una sanción de inhabilitación, tal situación obliga a que la entidad no genere un vínculo laboral, contractual o de cualquier índole que implique el ejercicio de la función pública con el referido ciudadano.


1 Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto. (Art. 220 del TUO de la Ley N° 27444)
2 Son los actos que agotan la vía administrativa y por tanto pueden ser impugnados judicialmente.

Base Legal: literales f) y g) del artículo 7°, literal a) del artículo 8°, numerales 11.2 y 11.3 del artículo 11°; numerales 13.1, 13.3 y 13.4 del artículo 13°; artículo 14° y numeral 15.1 del artículo 15° del Reglamento de Infracción y Sanciones para la determinación de la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG.